Miércoles, 20 Diciembre 2017 09:18

Comunicado oficial del contralor general de la República - Operativo Fiscal PDVSA 2017

 Muy buenos días tengan todas y todos.

Para comenzar, quiero agradecer al pueblo soberano de la República Bolivariana de Venezuela, a las funcionarias y funcionarios de control fiscal, municipales, estadales y nacionales; y muy especialmente a los representantes de los medios de comunicación social públicos y privados que se encuentran presentes en esta rueda de prensa.

En mi condición de Contralor General de la República, de conformidad con lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; en el artículo 287, que se refiere a las funciones de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacionales, así como de las operaciones relativas a los mismos. El artículo 289, en su numeral 4, señala que una de las atribuciones de la Contraloría General de la República, como Máximo Órgano de Control Fiscal, de manera exclusiva y excluyente, es instar al fiscal general de la República a que ejerza las acciones judiciales a que hubiere lugar, con motivo de las infracciones y delitos cometidos en contra del patrimonio público, y de los cuales tenga conocimiento en el ejercicio de sus atribuciones; pues corresponde a la Contraloría General de la República verificar la legalidad, exactitud y sinceridad de los gastos; así como la eficacia, economía, eficiencia, calidad e impacto de las operaciones y los resultados de la gestión de los órganos y entes sujetos a su control. Igualmente, este Máximo Órgano de Control Fiscal debe ejercer el control de gestión y evaluar el cumplimiento y resultado de las decisiones y políticas públicas de los órganos, entes y personas jurídicas del sector público, relacionadas con sus ingresos, gastos y bienes.

El artículo 290 de la Carta Magna se refiere a la organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en estricta concordancia con los artículos constitucionales 7, que establece el principio de supremacía constitucional; 136, que establece el principio de colaboración entre los poderes en sus tres niveles de gobierno: municipal, estadal y nacional; y 137, que contiene el principio de legalidad. Así como las normativas señaladas en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal en sus artículos 1, 2, 3, 7, 9, 24 y 26; en concordancia con el artículo 4 de su Reglamento y los instrumentos internos de carácter sublegal que sean aplicables.

La Contraloría General de la República, con fundamento en las normas constitucionales, legales, reglamentarias e instrumentos de carácter sublegal, decidió practicar una actuación fiscal dirigida a evaluar la gestión de las unidades de auditoría interna adscritas al Ministerio del Poder Popular para el Petróleo y Minería, y a la empresa Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA) y sus filiales, con el fin de fortalecer la capacidad del estado para ejecutar eficazmente su función de gobierno, y lograr la transparencia y la eficacia en el manejo de los recursos del sector público, en virtud de los lineamientos dictados por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y la solicitud del ciudadano ministro del Poder Popular para el Petróleo y Minería, mayor general Manuel Quevedo Fernández, según el oficio número 0005 de fecha 7 diciembre de 2017, recibido en la sede de este máximo órgano de control fiscal.

Cabe destacar que el Ministerio del Poder Popular para el Petróleo y Minería, según publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.294, de fecha 6 de diciembre de 2017, dictó la Resolución N° 164, que tiene por objeto establecer un régimen de revisión y validación de contratos nacionales y/o internacionales suscritos por PDVSA, sus filiales y empresas mixtas donde la estatal petrolera detente acciones. Este régimen estará dirigido a los contratos suscritos actualmente vigentes y a los contratos por suscribirse, a fin de evaluar que estos hayan cumplido con los requisitos legales, financieros, presupuestarios y técnicos correspondientes que permitan considerar y formar opinión sobre su existencia, validez y conveniencia para la empresa Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA).

Resulta oportuno aclarar que, según la Resolución en comentario, en caso de observarse la presunta inexistencia de algún requisito de validez y/o afectación al patrimonio de PDVSA, se tomarán los correctivos necesarios conforme a la normativa aplicable, sin perjuicio de la determinación de responsabilidad civil, administrativa o penal a que haya lugar, con la respectiva remisión a los órganos competentes. Así las cosas, informo a la colectividad, al pueblo de Venezuela y al mundo que la Contraloría General de la República en este momento da inicio a la auditoría operativa en la unidad de auditoría interna de la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA) y en las unidades de auditoría interna adscritas al Ministerio del Poder Popular para el Petróleo y Minería, a los fines de evaluar y verificar los expedientes de contratación por adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras.

Oportunamente, la Contraloría General de la República emitirá un diagnóstico que indique los resultados de la actuación fiscal, dé las recomendaciones a que haya lugar y establezca las acciones correctivas necesarias.

En tal sentido, en el supuesto negado de que fueran detectados indicios suficientes, pertinentes y oportunos de alguna irregularidad administrativa, se dará inicio al procedimiento administrativo correspondiente hasta obtener las resultas definitivas, respetando los principios constitucionales sobre el debido proceso y la garantía del derecho a la defensa, consagrados en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y respetando la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 26 constitucional.

La Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela en el desempeño de sus funciones de control desarrolla su actuación enfocada en la prevención y lucha contra la corrupción, con miras a evitar la necesidad de la sanción; todo ello apegado a la ética pública, a la moral administrativa y a los principios filosóficos que inspiran y conforman la acción contralora, no solo aplicable a las máximas autoridades, sino también a las servidoras y servidores públicos subordinados, ya que todas y todos tenemos responsabilidades ligadas al cargo, lo cual exige mantener en todo momento una conducta íntegra y digna. Aunado a ello, la filosofía que sustenta la ética del auditor permite que este desarrolle sus actividades con apego a las normativas que regulan el ejercicio de su profesión y a la conducta que deben asumir las servidoras y servidores públicos.

Este Máximo Órgano Contralor y el Sistema Nacional de Control Fiscal se consolidan como fuerza y referencia moral de la República e instrumento eficaz de la sociedad venezolana en el ejercicio de su derecho a controlar la administración pública activa, contribuyendo efectivamente al fortalecimiento del poder público y del estado democrático, social de derecho y de justicia.

Insto a las contraloras y los contralores de estados y municipios y demás servidoras y servidores públicos del Sistema Nacional de Control Fiscal a que no permitan la subestimación: eso podría atentar contra su ego individual. No se dejen convencer, ustedes se deben a los valores, la ética pública y la moral que requiere la patria en pro de la buena gobernanza.

Es oportuno hacer del conocimiento público que la Contraloría General de la República contará en las actuaciones fiscales mencionadas con el apoyo directo del Cuerpo Nacional Contra la Corrupción, cuyas atribuciones se enmarcan en la coordinación con los diferentes órganos y entes del poder público para desarrollar políticas estratégicas de prevención, persecución y castigo de los delitos derivados y conexos al fenómeno de la corrupción.

La organización, funcionamiento y atribuciones del Cuerpo Nacional Contra la Corrupción responden a la necesidad de fortalecer la defensa integral de la nación ante la amenaza de este flagelo, teniendo como fundamento las normas, principios y valores establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El Cuerpo Nacional Contra la Corrupción fue creado mediante Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley dictado por el ciudadano Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, según la Gaceta Oficial N° 6.156 Extraordinario, de fecha 19 de noviembre de 2014, y está representado en este acto ante la Contraloría General de la República por el general de brigada Julio César Mora Sánchez, a quien agradezco su acostumbrado e incondicional apoyo institucional.

El artículo 8 del referido Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley se refiere a la integración interinstitucional, y establece: “El Cuerpo Nacional Contra la Corrupción trabajará de manera integrada con la Contraloría General de la República y el Ministerio Público a fin de desarrollar sus actividades preventivas, investigativas y operaciones en la lucha contra la corrupción”.

La posición de la Contraloría General de la República en trabajo mancomunado y articulado con la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República y el Cuerpo Nacional Contra la Corrupción tiene como norte dar estricto cumplimiento al control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos, así como las operaciones relativas a los mismos; y sus actuaciones están orientadas a la realización de auditorías, inspecciones y cualquier tipo de revisiones fiscales en los órganos y entes sujetos a su control, con el fin de atacar a la corrupción, que actualmente representa un terrorismo social, con base en los antivalores del individualismo.

Gracias a todas y todos los presentes y al pueblo de Venezuela, en quien reside intransferiblemente la soberanía. Considero necesario dejar sentado una vez más que la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador, y que son derechos irrevocables de la nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional.

Contraloras y contralores somos todos.

Fuente: http://www.cgr.gob.ve/