Viernes, 21 Julio 2017 10:13

El contralor general solicitó enfrentar las pruebas del polígrafo y careo

 Tras conocerse públicamente que resultaron positivas las pruebas grafotécnicas realizadas a las firmas y sellos del Ministerio Público (MP) y de los demás integrantes del Consejo Moral Republicano, estampados en las actas de la reunión del 16 de diciembre de 2015 y el 21 de enero de 2016 donde avalaron legalmente la revisión y designación de magistrados y magistradas al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el contralor general de la República, Dr. Manuel Enrique Galindo Ballesteros, solicitó públicamente enfrentar, junto al defensor del Pueblo, Tarek William Saab, la prueba del polígrafo y la prueba del “careo”.

“Esas pruebas resultaron positivas y por lo tanto no cabe duda de que la fiscal sí suscribió esas actas. Insisto: que se sepa que si estamos dispuestos a someternos a estas pruebas y a vernos cara a cara porque la verdad verdadera es que esa sesión del 16 de diciembre de 2015 sí se celebró y sí acordamos ahí la clasificación de los magistrados, y en enero de 2016, en el seno del Consejo Moral Republicano, se ratificó por unanimidad el acta y lo acordado en diciembre de 2015”, evidenció el Dr. Galindo Ballesteros desde la tribuna constituyente de la Contraloría General de la República (CGR) instalada el viernes 14 de julio en el Banco Central de Venezuela (BCV) a propósito de su ponencia denominada La constitucionalidad de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, en la que estuvo presente su equipo de especialistas jurídicos, así como el vicepresidente del BCV, José Khan.

“El pueblo necesita saber la verdad sobre la elección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Por ello, solicito se declare con lugar la prueba que he mencionado. Y sigo insistiendo en que si la sala plena no tiene la competencia para hacerlo, que defina la competencia o si yo tengo que solicitarlo por escrito”, sostuvo.

En otro orden de ideas, el titular del Máximo Órgano de Control Fiscal informó que la CGR, en el pleno uso de sus atribuciones, tomó la decisión de aplicar una actuación de carácter fiscal en el MP y en todas las Fiscalías Superiores Regionales, “actuación de la cual la ciudadana fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, fue debidamente notificada con la solemnidad que requiere, con oficio de notificación del día 30 de junio de 2017, no como dijo ella que fue notificada a través de un grupo parecido a una OLP”.

En ese sentido, el contralor refirió: “Todos los fiscales superiores del país fueron debidamente notificados en el marco constitucional y se les solicitó prestar la mayor colaboración a las funciones fiscalizadoras […] No estamos pidiendo un favor, porque tienen el deber de cooperar, y más con la Contraloría General de la República, porque de no hacerlo se materializa un entrabamiento a las funciones del Máximo Órgano de Control”.

Sin embargo, el contralor general acotó que el MP ha sido obstáculo para tal fin, impidiendo el ingreso de funcionarios de la CGR. “Bajo el argumento: ´Tengo órdenes directas de la fiscal´, y es lamentable que ahora la Contraloría tenga que iniciar un procedimiento por entrabamiento, no solo para la ciudadana fiscal, sino para el tren que la representa en el país, incluyendo la junta directiva de sus fundaciones. Procedimiento que, de resultar cierto, porque hay que darles el derecho a la defensa, podrían ser objeto de multas administrativas de hasta 1.000 Unidades Tributarias o traería consigo sanciones accesorias como la inhabilitación a ejercer cargos públicos de 1 a 15 años […] No se puede trabar las acciones propias del Máximo Órgano de Control, eso no se puede”.

Fuente: http://www.cgr.gob.ve